TEMAS-SUBTEMAS
Auto A-1071/24
COMPETENCIA DE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA-Solicitudes de ejecución de obligaciones contenidas en sentencias judiciales proferidas por la Jurisdicción Contencioso Administrativa
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CORTE CONSTITUCIONAL
AUTO 1071 DE 2024
Referencia: Expediente CJU-5452
Conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Oralidad de Medellín (Antioquia).
Magistrada ponente:
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Bogotá D. C., diecinueve (19) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales, en particular, la prevista por el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política, profiere el siguiente
AUTO
I. ANTECEDENTES
1. Causa judicial. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante, FOMAG) presentó solicitud de ejecución de providencia judicial ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Sostuvo que dentro del proceso ordinario iniciado por Francisco Javier Zapata Calderón, el mencionado tribunal dictó sentencia en la que condenó en costas a [su] favor [ ] y a cargo de la parte demandante[1]. Además, indicó que el demandado no ha efectuado el pago de lo ordenado. En consecuencia, el FOMAG solicitó que (i) se libre mandamiento de pago por el valor de las costas procesales aprobadas mediante auto del 24 de noviembre de 2021, (ii) se libre mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios sobre los valores determinados en el auto de costas, a la tasa máxima permitida hasta la fecha de pago y (iii) se ejecute al demandado por concepto de costas del proceso ejecutivo[2].
2. Actuaciones y postura de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. El 24 de octubre de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad resolvió (i) declarar la falta de jurisdicción para conocer del asunto y (ii) remitir el proceso a los juzgados civiles municipales de oralidad de Medellín[3]. Argumentó que mediante auto 857 del 2021 la Corte Constitucional precisó que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretenda la ejecución de una condena en costas impuesta a un particular en un proceso adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo[4]. Agregó que, en consecuencia, la jurisdicción ordinaria es la competente para conocer de los procesos ejecutivos cuyo objeto sea la ejecución de una condena en costas impuesta a un particular en un proceso adelantado ante la jurisdicción contenciosa administrativa[5].
3. Actuaciones y postura de la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil. El 12 de diciembre de 2023[6], el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Oralidad de Medellín resolvió (i) declarar la falta de jurisdicción para conocer del asunto, (ii) proponer conflicto negativo de jurisdicciones al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y (iii) remitir el expediente a la Corte Constitucional. Sostuvo que quien debe conocer la ejecución es la autoridad que profirió la condena[7]. Como fundamento de su decisión citó el auto 008 de 2022 de la Corte Constitucional y los artículos 298 y 306 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y el artículo 306 del Código General del Proceso (CGP).
4. Trámite en la Corte Constitucional. El expediente fue repartido al despacho de la magistrada sustanciadora el 28 de mayo de 2024, de conformidad con el reparto del 24 de mayo de 2024[8].
II. CONSIDERACIONES
1. Competencia
5. La Corte Constitucional es competente para resolver los conflictos de competencia entre jurisdicciones, de conformidad con el numeral 11 del artículo 241 de la Constitución Política.
2. Delimitación del asunto objeto de decisión y metodología
6. La Sala Plena debe resolver la controversia suscitada entre el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Oralidad de Medellín, la cual versa sobre la competencia para conocer la solicitud de ejecución de la sentencia emitida por la primera autoridad mencionada. A esos efectos, la Sala, en primer lugar, verificará si en el presente caso se cumplen los presupuestos subjetivo, objetivo y normativo de los conflictos de jurisdicciones (sección II.3 infra). En segundo lugar y de constatarse el cumplimiento de tales presupuestos, reiterará las reglas de competencia para conocer de solicitudes de ejecución de sentencias emitidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo (sección II.4 infra). Por último, resolverá el conflicto y determinará cuál es la autoridad judicial que debe asumir o continuar con el conocimiento del proceso (sección II.5 infra).
3. Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones
7. Los conflictos de competencia entre jurisdicciones se presentan cuando dos o más autoridades judiciales se disputan el conocimiento de un proceso, bien sea porque estiman que a ningun[a] le corresponde (negativo), o porque consideran que es de su exclusiva incumbencia (positivo)[9]. La Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que para que este tipo de conflictos se configuren es necesario que se acrediten tres presupuestos: subjetivo, objetivo y normativo[10].
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Presupuestos de los conflictos de jurisdicciones |
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Subjetivo |
Exige que la controversia se presente entre por lo menos dos autoridades que administren justicia y formen parte de distintas jurisdicciones[11]. |
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Objetivo |
Implica que la disputa debe recaer sobre el conocimiento de una causa de naturaleza judicial, no política o administrativa[12]. |
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Normativo |
Exige constatar que las autoridades judiciales en colisión hayan manifestado expresamente las razones de índole constitucional o legal, por las cuales consideran que son competentes o no para conocer del asunto concreto[13]. |
8. La controversia sub examine configura un conflicto de jurisdicciones. Esto es así, por las siguientes razones:
(i) El presupuesto subjetivo se satisface, porque se enfrentan dos autoridades que administran justicia y pertenecen a jurisdicciones diferentes, a saber: (a) el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, que forma parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, y (b) el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Oralidad de Medellín, que forma parte de la jurisdicción ordinaria especialidad civil[14].
(ii) El presupuesto objetivo está acreditado, en la medida en que las autoridades judiciales rechazan el conocimiento de la solicitud de ejecución de una providencia judicial emitida por una autoridad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la cual debe resolverse por un trámite de naturaleza jurisdiccional.
(iii) Cumple el presupuesto normativo, debido a que las dos autoridades judiciales indicaron los fundamentos jurídicos, constitucionales y legales, con base en los cuales consideran que carecen de competencia para conocer el asunto (ver párr. 2-3, supra).
4. Competencia para conocer las solicitudes de ejecución de providencias en las que se reclame el pago de condenas impuestas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo a particulares. Reiteración del auto 008 de 2022
9. En el Auto 008 de 2022[15], la Corte Constitucional estableció la siguiente regla de decisión: [e]l conocimiento de las solicitudes de ejecución de condenas impuestas en sentencias judiciales proferidas por jueces de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, formuladas a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas cuya ejecución se reclama, corresponde a esa misma jurisdicción de acuerdo con los artículos 298 y 306 del CPACA y el artículo 306 del CGP. En la referida decisión, la Corte afirmó que a partir del artículo 306 del CGP, aplicable por remisión del CPACA, es procedente la ejecución a continuación del proceso de conocimiento declarativo y condenatorio. En este sentido, ha de entenderse que la solicitud de ejecución de providencias pretende el cobro de la condena, para que la providencia se cumpla dentro del mismo proceso. Entonces, no constituye una nueva demanda ejecutiva separada o independiente[16]. Por tanto, es el mismo juez de conocimiento, esto es, aquel que profirió la sentencia condenatoria, el competente para conocer de esa solicitud de ejecución. Por lo demás, la Sala Plena precisó que, en el marco de las solicitudes de ejecución de sentencias, las autoridades judiciales no pueden imponer restricciones fundadas en la naturaleza del demandado.
5. Caso Concreto
10. La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso que suscita el conflicto sub examine. Esto, por cuanto: (i) el FOMAG presentó una solicitud de ejecución de condena en el marco de un proceso ordinario, que no configura una nueva demanda ejecutiva para hacer valer el fallo como título ejecutivo y, (ii) la providencia que se pretende ejecutar fue emitida por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.Sobre el particular, la Sala encuentra necesario mencionar que si el demandante hubiera presentado una demanda ejecutiva independiente y no una petición a continuación del proceso en el que se emitieron las condenas, sí sería aplicable la regla de decisión del Auto 857 de 2021. En consecuencia, reiterando la regla de decisión del auto 008 de 2022, la Sala Plena concluye que la autoridad judicial competente para conocer la demanda sub examine es el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, y, por lo tanto, ordenará remitirle el expediente CJU-5452 para lo de su competencia.
III. DECISIÓN
Con base en las anteriores consideraciones, la Sala Plena de la Corte Constitucional,
RESUELVE
Primero.- DIRIMIR el conflicto de jurisdicciones entre el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad y el Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Oralidad de Medellín, en el sentido de DECLARAR que el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, es la autoridad competente para conocer la solicitud de ejecución de sentencia presentada por el FOMAG en contra de Francisco Javier Zapata Calderón.
Segundo.- Por intermedio de la Secretaría General, REMITIR el expediente CJU-5452 al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Oralidad, para lo de su competencia y para que comunique la presente decisión a los interesados en este trámite y al Juzgado Diecinueve Civil Municipal de Oralidad de Medellín.
Notifíquese, comuníquese y cúmplase,
JOSE FERNANDO REYES CUARTAS
Presidente
NATALIA ÁNGEL CABO
Magistrada
JUAN CARLOS CORTÉS GONZÁLEZ
Magistrado
DIANA FAJARDO RIVERA
Magistrada
VLADIMIR FERNÁNDEZ ANDRADE
Magistrado
JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR
Magistrado
ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO
Magistrado
PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA
Magistrada
CRISTINA PARDO SCHLESINGER
Magistrada
ANDREA LILIANA ROMERO LOPEZ
Secretaria General
[1] Expediente digital, 01Demanda, f. 1.
[2] Ib., f. 2.
[3] Ib., 06DeclaraFaltaDeCompetencia, f. 1.
[4] Ib., f. 5.
[5] Ib.
[6] Ib., 09AutoProponeConflictoCompetencia2022201181pdf, f. 1. El 6 de diciembre de 2022, el juzgado emitió un auto por medio del cual resolvió (i) declarar la falta de jurisdicción para conocer del asunto y (ii) remitir el expediente a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, el proceso fue enviado a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, quien precisó que la competencia para resolver conflictos entre jurisdicciones había sido asignada a la Corte Constitucional. En consecuencia, el asunto fue enviado a esta Corporación. Mediante el auto 2852 de 2023 la Sala Plena se declaró inhibida para pronunciarse sobre el asunto. Lo anterior, porque no se acredit[ó] el cumplimiento del presupuesto subjetivo, pues las autoridades judiciales involucradas en la controversia coincid[ieron] en que la solicitud de ejecución de providencia judicial deb[ía] ser tramitada por la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil.
[7] Ib., f. 2.
[8] Ib., 03CJU-5452 Constancia de Repartopdf, f. 1.
[9] Corte Constitucional, Auto 345 de 2018. Reiterado, entre otros, en los Autos 041 de 2021, 233 de 2020 y 155 de 2019.
[10] Corte Constitucional, Auto 155 de 2019. Reiterado, entre otros, por los autos 452 y 503 de 2019 y 129 y 415 de 2020.
[11] Corte Constitucional, auto 452 de 2019, a través del cual se reitera el auto 155 de 2019. En similar sentido, ver el auto 556 de 2018, reiterado por los autos 691 y 716 de 2018.
[12] Corte Constitucional, Auto 041 de 2021. Según esta decisión, el requisito exige a la Corte Constitucional verificar que está en desarrollo un proceso, un incidente o cualquier otro trámite de naturaleza jurisdiccional. En este sentido, no existirá conflicto cuando: (a) se evidencie que el litigio no está en trámite o no existe, porque, por ejemplo, ya finalizó; o (b) el debate procesal se centra sobre una causa de carácter administrativo o político, pero no jurisdiccional.
[13] Id.
[14] Tales conclusiones encuentran fundamento normativo en los capítulos 2º y 3º del Título VIII de la Constitución Política y el artículo 11 de la Ley 270 de 1996, particularmente, los literales a y b de dicha norma estatutaria. Ley 270 de 1996, art. 11. La Rama Judicial del Poder Público está constituida por: // I. Los órganos que integran las distintas jurisdicciones: // a) De la Jurisdicción Ordinaria: [ ] // 3. Juzgados civiles, [ ] // b) De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo: [ ] 3. Juzgados Administrativos.
[15] Expediente CJU-320.
[16] A partir del Auto 857 de 2021, la Sala Plena definió la siguiente regla de decisión para los casos en los que se presenta una demanda ejecutiva separada o autónoma, que no una solicitud de ejecución de providencia judicial: Corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad civil, el conocimiento de los procesos ejecutivos en los que se pretenda la ejecución de una condena en costas impuesta a un particular en un proceso adelantado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Lo anterior, de conformidad con los artículos 12 de la Ley 270 de 1996, 422 del Código General del Proceso.